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Los demandantes del pleito sobre la Ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” Apelarán la decisión

DETROIT—El Juez Bernard Friedman del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Michigan, concedió hoy la petición del Departamento de Educación de los EE.UU. para que se declarara sin lugar el pleito de Pontiac, et al., v. Spellings, el primero en ser presentado para prevenir que la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB por sus siglas del inglés) imponga “mandatos sin fondos” sobre los estados y distritos escolares.  La National Education Association (NEA) y sus co-demandantes apelarán la decisión ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Sexto Circuito.

El pleito, que fue presentado el 20 de abril de 2005 por la NEA, varias de sus filiales y nueve distritos escolares, está basado en una cláusula específica de la ley NCLB —Sección 9527(a)— que dice así:

“Nada de lo contemplado en esta Ley [i.e., la NCLB] se entenderá como que autoriza a un funcionario o empleado del gobierno Federal a…exigir a un Estado o cualquier subdivisión del mismo, que gaste fondos o incurra en costos no pagados como resultado de esta Ley.”

En el pleito, los demandantes alegan que el gobierno federal está violando esta cláusula sobre mandatos sin fondos al insistir que los estados y los distritos escolares gasten su propio dinero para cumplir con los requisitos de la Ley NCLB, a pesar de que los fondos federales son varios miles de millones de dólares menos que los necesarios para cubrir los costos de llevarla a cabo. 

“A los padres en las comunidades cuyos distritos escolares están atravesando dificultades financieras, se les prometió que esta ley cerraría las brechas en el logro de las metas fijadas”, dijo Reg Weaver, presidente de la NEA, que cuenta con 2.7 millones de miembros. “En vez de ello, los dólares que aquéllos pagan en impuestos se están usando para cubrir cuentas pendientes de pago enviadas por Washington en concepto de un costoso reglamento que no ayuda a mejorar la educación.”

El Departamento de Educación pidió que se desestimara el pleito por dos razones: que los demandantes carecen de la reputación necesaria para iniciar el pleito, y que la Sección 9527(a) no quiere decir que la Ley NCLB no puede imponer mandatos sin fondos a los estados y los distritos escolares. Al conceder al Departamento de Educación la moción para que se declarara sin lugar dicho pleito, el tribunal rechazó la objeción de reputación, determinando que “la reputación había sido afirmada adecuadamente.” 

No obstante, el tribunal concluyó que la Sección 9527(a) no le prohíbe al Congreso imponer mandatos sin fondos. Según el tribunal, la sección solo prohíbe a los “funcionarios y empleados federales imponer requisitos sin fondos adicionales a los previstos en el estatuto.”

“Obviamente, estamos decepcionados con la opinión”, dijo Weaver, añadiendo que los demandantes “encuentran bastante perturbador que el tribunal ni siquiera discutió —y mucho menos sentó base alguna para rechazar— los argumentos que presentamos con respecto al significado de la Sección 9527(a).”  Weaver indicó que los demandantes apelarán la decisión.

“Tenemos la esperanza,” continuo Weaver, “de que el tribunal de apelación se muestre de acuerdo con nuestros argumentos, que revoque la opinión dictada hoy, y permita que este pleito siga adelante. La necesidad de la compensación solicitada es todavía más urgente ahora que cuando se presentó el pleito, pues el Congreso está considerando reducir en la suma de $780 millones los fondos para los programas de la NCLB en el próximo año escolar.”

Para mayor información sobre el pleito, visite: www.nea.org/lawsuit .

Nov. 23, 2005

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTACTAR A:

Staci Maiers, NEA Public Relations, (202) 270-5333
Stacey Grissom, NEA Public Relations, (202) 486-3491

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